Monsalve y Álvarez solicitaron a las y los diputados que el nuevo pliego licitatorio contemple una regalía menor, acorde a las condiciones actuales del mercado, proponiendo alternativas por debajo del 20 %, porcentaje que claramente no logró atraer oferentes.
El foco del planteo está puesto en las propuestas y dictámenes presentados previamente en la Comisión de Precalificación y Preadjudicación, donde ya se advertía la necesidad de adecuar el esquema para garantizar competitividad y participación.
Asimismo, pidieron revisar el requisito de “libre de deuda ambiental”, al considerar que su redacción actual excluye a las empresas operadoras vigentes. En su lugar, propusieron la presentación de informes ambientales obligatorios, que detallen las acciones de saneamiento realizadas, junto con la implementación de avisos permanentes y protocolos de comunicación ante contingencias, como derrames u otros incidentes ambientales.
Finalmente, remarcaron la necesidad de un cumplimiento estricto de la responsabilidad social empresarial, con compromisos concretos hacia la comunidad y el pueblo, garantizando que la actividad petrolera se desarrolle con reglas claras, control efectivo y beneficios reales para la población.
