Los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga de Comunidad Organizada, hicieron una presentación por escrito ante el juez Dr. Gerardo Roman Bonino, a cargo del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la ciudad de General Acha, que tiene su cargo el trámite del concurso preventivo de la empresa Refi Pampa S.A.
Esta empresa forma parte del patrimonio provincial en un 20%, por lo que cuenta con funcionarios públicos dentro de su directorio. Además, recibió fondos del Estado a través de un crédito de promoción y fue la empresa encargada de explotar la refinería ubicada en las proximidades de la localidad de 25 de Mayo.
De acuerdo con la ley provincial de hidrocarburos y con el propio estatuto de la empresa, la sociedad no puede realizar movimientos societarios —como escisiones, fusiones u otras operaciones— que puedan afectar su patrimonio sin la autorización expresa del Estado provincial. Dicha autorización solo puede ser otorgada por la Cámara de Diputados de La Pampa.
Sin embargo, esa autorización no habría sido otorgada. Pese a ello, entre 2024 y parte de 2025, el grupo económico al que pertenecía Refi Pampa, Kalpa Group, habría realizado distintos movimientos societarios que habrían dejado a la empresa con mínimo o nulo patrimonio. En ese proceso, la refinería habría quedado dentro de un esquema societario administrado por una firma denominada Petróleo y Servicios S.A.
A pesar de esta situación, el Poder Ejecutivo Provincial, a través de Pampetrol, continuaría entregando petróleo a la empresa, aun cuando esta se encuentra en estado de cesación de pagos. Cabe destacar que uno de los principales acreedores de Refi Pampa es el propio Estado provincial.
Según se advierte, dichas entregas de petróleo no contarían con autorización ni conocimiento del juez del concurso ni de los síndicos. Debe recordarse que, una vez que una empresa es declarada en concurso, no puede realizar movimientos patrimoniales ni contraer nuevas obligaciones sin el control del juez y de la sindicatura.
Ante esta situación, Comunidad Organizada presentó un escrito ante el juez Bonino, con copia a la sindicatura integrada por Marina Pavoni, Miguel Bernatené y Gerardo Ángel Blanco, con el objetivo de ponerlos formalmente en conocimiento de estos hechos.
Desde el espacio también se advirtió que, frente a lo que consideran una conducta de omisión y posibles irregularidades en la gestión vinculada a la explotación del gas y el petróleo en la provincia de La Pampa, resulta llamativo que el Estado provincial —siendo uno de los principales acreedores de la empresa— continúe suministrándole petróleo pese a su situación de cesación de pagos.
En ese marco, se planteó además la preocupación por la eventual posibilidad de que se intente modificar la competencia del juzgado interviniente, trasladando la causa a otro magistrado, lo que —según se señaló— podría afectar el normal desarrollo de las investigaciones.
Desde Comunidad Organizada sostuvieron que estos hechos deberán ser investigados en su momento por un Poder Judicial verdaderamente independiente.
