Durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores de Comunidad Organizada Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto plantearon modificaciones para la futura licitación del área hidrocarburífera El Medanito y reclamaron información oficial por los reiterados cortes del Acueducto del Río Colorado.
Durante la sesión de este jueves, los diputados de Comunidad Organizada Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto fijaron posición sobre dos temas que consideran estratégicos para la provincia: el futuro de la explotación hidrocarburífera de El Medanito y el funcionamiento del Acueducto del Río Colorado.
Proponen un nuevo esquema para El Medanito
El diputado Maximiliano Aliaga Souto presentó los principales lineamientos del proyecto de ley impulsado junto a Fonseca, que propone establecer un nuevo marco para la licitación nacional e internacional del área El Medanito por un período de 25 años.
La iniciativa contempla la realización de una auditoría técnica externa e independiente antes de la licitación, con el objetivo de determinar el estado del yacimiento, los pozos activos y abandonados, los niveles de producción, las inversiones realizadas, el cumplimiento de compromisos anteriores y la situación ambiental.
“Para Comunidad Organizada, esta información es indispensable para evitar que el nuevo concesionario termine asumiendo responsabilidades que corresponden a operadores anteriores”, sostuvo Aliaga.
Uno de los principales puntos planteados está relacionado con los pasivos ambientales. Según señaló el legislador, durante la audiencia pública realizada en junio se puso de manifiesto la existencia de 137 pozos abandonados que no habrían cumplido adecuadamente con los protocolos ambientales, con un costo estimado de remediación cercano a los 22 millones de dólares.
Por este motivo, el proyecto propone establecer una línea de base ambiental previa a la entrega del área y un deslinde de responsabilidades, con el objetivo de evitar que los pasivos generados anteriormente sean trasladados al nuevo concesionario o, indirectamente, a los pampeanos.
Otro de los aspectos destacados es la propuesta de establecer, de manera excepcional para esta licitación, que no resulte obligatoria la participación del 20% de Pampetrol S.A.P.E.M.
Desde Comunidad Organizada sostienen que esta medida permitiría ampliar la competencia entre inversores nacionales e internacionales y generar mejores condiciones para obtener mayores regalías, bonos de ingreso e inversiones efectivas.
El proyecto también establece planes mínimos de perforación, mantenimiento, incorporación tecnológica y remediación ambiental, particularmente durante los primeros cinco años. Además, plantea exigir el cumplimiento efectivo del 80% de mano de obra pampeana y el compre local, con sanciones ante eventuales incumplimientos.
La adjudicación, según la propuesta, debería contemplar de manera integral las regalías, el bono de ingreso y las inversiones destinadas a recuperación asistida, secundaria y terciaria, evitando que la definición se reduzca exclusivamente al precio ofrecido.
Comunidad Organizada plantea incorporar el RIGI
Aliaga Souto también destacó la incorporación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Nacional 27.742, como una herramienta destinada a generar previsibilidad y estabilidad jurídica y fiscal para atraer inversiones de gran escala.
Desde el espacio aclararon que la adhesión al RIGI no significaría un beneficio automático para ningún concesionario, sino la posibilidad de que los proyectos que correspondan puedan ser presentados ante la autoridad nacional competente.
“Los recursos de La Pampa no pueden administrarse a libro cerrado. Los pampeanos tienen derecho a saber qué se entrega, en qué condiciones, cuánto se invierte, cuánto se recauda y quién responde por los daños ambientales”, afirmó Aliaga.
Reclamo por los cortes del Acueducto
Por su parte, la diputada Sandra Fonseca solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución mediante el cual reclama información y explicaciones por los reiterados cortes de suministro de agua potable y por el funcionamiento del Acueducto del Río Colorado.
Fonseca sostuvo que el agua potable constituye un servicio esencial para la vida y la salud y remarcó que Santa Rosa y otras localidades abastecidas por el acueducto vienen atravesando interrupciones reiteradas.
“Las familias juntan reservas, las instituciones suspenden actividades y los vecinos no saben cuándo volverá el agua. Eso no puede convertirse en normalidad”, expresó.
La legisladora sostuvo que la Cámara de Diputados debe ejercer su función de control sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la administración de los recursos estatales.
En ese sentido, el proyecto solicita la presencia de los integrantes del directorio de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y del responsable técnico del Acueducto, para que expliquen las causas de los cortes, el estado de la infraestructura y las medidas previstas para evitar nuevas interrupciones, acompañando la documentación respaldatoria.
“No alcanzan las declaraciones políticas. Cuando está en juego el agua que consumen los pampeanos, la información tiene que estar arriba de la mesa”, afirmó Fonseca.
Cruces por las versiones sobre el último corte
Durante su exposición, Fonseca también hizo referencia a versiones que vincularon el último corte registrado en Santa Rosa con supuestas diferencias políticas entre sectores del oficialismo provincial y el intendente Di Nápoli.
“Si son falsas, que las desmientan categóricamente y con documentación. Si tienen algún grado de veracidad, la situación es gravísima”, manifestó.
Y agregó: “El acceso al agua potable no puede depender de una interna. Los pampeanos no pueden ser rehenes del egoísmo político”.
La diputada insistió en que la Legislatura no debe naturalizar las interrupciones reiteradas del servicio.
Debate por el programa Remediar
Otro de los momentos de la sesión estuvo vinculado al proyecto del oficialismo provincial referido al cierre del programa nacional Remediar.
Fonseca cuestionó lo que consideró una “falsa dicotomía” al plantear que cualquier modificación del programa implique necesariamente un ataque al derecho a la salud.
Recordó que Remediar fue creado en 2002, en el contexto de la crisis económica y social posterior al colapso de 2001, como una herramienta para garantizar el acceso a medicamentos esenciales.
En ese marco, sostuvo que actualmente resulta legítimo discutir si los recursos públicos destinados a este tipo de programas son utilizados de manera eficiente y planteó la necesidad de auditar programas, evitar superposiciones administrativas y controlar el uso de los fondos públicos.
La legisladora también hizo referencia a las facultades de las provincias en materia sanitaria y cuestionó determinadas políticas implementadas por el Gobierno de La Pampa.
En particular, señaló que en 2017 la provincia creó un laboratorio de producción de medicamentos con sede en General Pico y que posteriormente, en 2020, durante la gestión de Sergio Ziliotto, fue transformado en un fideicomiso.
Fonseca cuestionó la falta de información que, según afirmó, existe respecto de los resultados de ese esquema y sostuvo que “al día de hoy, no se ha conocido ni un solo medicamento fabricado a partir de esos millonarios aportes provinciales”.
Cruce con diputados oficialistas
Las declaraciones generaron un intercambio con diputadas del oficialismo, entre ellas George y Larreta, quienes le plantearon a Fonseca que realizara las denuncias correspondientes ante la Justicia.
La legisladora respondió cuestionando la independencia del Poder Judicial pampeano y sostuvo que desde su espacio continuarán trabajando por una “justicia independiente” para avanzar con las denuncias que, según indicó, han realizado sobre distintos casos que consideran irregulares.
Pedido de disculpas a Espartaco Marín
El debate continuó con la intervención del diputado Espartaco Marín, quien cuestionó los planteos de Fonseca y utilizó la expresión “saltó la laucha”.
La diputada vinculó su intervención con el planteo que había realizado respecto del cumplimiento en La Pampa de los criterios establecidos por la normativa de trazabilidad de medicamentos, que permite conocer el recorrido de un medicamento desde su fabricación hasta su llegada al consumidor.
Fonseca sostuvo que la trazabilidad constituye una política pública necesaria y afirmó que existen dificultades para garantizar su cumplimiento integral en numerosos centros de salud del país.
También cuestionó el sistema de distribución y control de medicamentos en la provincia y planteó interrogantes sobre su destino final.
Finalmente, la diputada Sandra Fonseca exigió disculpas públicas a Marín por la expresión utilizada durante el debate.
“La Constitución me protege. Se debe respetar la opinión de cada uno de los diputados, por eso le exijo disculpas públicas a Marín”, expresó la legisladora de Comunidad Organizada.
